Es natural que no se haya presentado ninguna propuesta para acceder a la explotación de LA PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA en el año 2022 al ser declarada desierta por sustracción de materia, es decir por falta de proponentes.

Y digo que es natural porque ningún empresario se va a someter a tener que cumplir con unas normas arbitrarias consignadas en un acuerdo municipal emanado por el Concejo de Bogotá, desatendiendo y atentando contra lo que es una ley nacional legitima, aprobada por el Congreso de la Republica.

Así las cosas se está configurando el delito de PREVARICATO el cual hace referencia a torcer el camino o desviarse de la senda. El delito de prevaricato hace parte del grupo de delitos que atentan contra la administración pública y se encuentra estrechamente ligado al principio de legalidad que rige en todo el territorio nacional. Así, los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, solamente pueden realizar lo que se encuentra consagrado en la ley. En ese sentido, cuando se ejercen labores oficiales por fuera de las leyes o actos administrativos, se incurre en esta conducta sancionada por el Estado.

De tal suerte y de acuerdo a lo anterior, las artimañas administrativas, secundadas por el Concejo de Bogotá debiesen tener sanciones ejemplares como quiera que se tipifica el delito de PREVARICATO.

Las exigencias del arbitrario acuerdo de no cumplir con los tres tercios de la lidia de un toro más los exorbitantes impuestos que debe pagar el empresario por la adjudicación del inmueble y otras arandelas más para colocar contra la pared a quien quiere dar una temporada taurina, hacen inviable la celebración de las corridas de toros en la capital de la Republica en su emblemática plaza que cumplirá 91 años el 8 de febrero.

La no celebración de la temporada taurina en LA PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA, dejará sin réditos económicos considerables al distrito, generando un alto y negativo impacto al INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES I.D.R.D, ente a cuyo cargo está el inmueble, declarándose como directa responsable de detrimento patrimonial a la señora Alcaldesa de Bogotá, señora Claudia López.