De manera arbitraria se intenta que las corridas sean incruentas, lo cual desdibuja en su esencia lo que es una corrida de toros, según un acuerdo emanado del Concejo de Bogotá sobre poniéndolo por encima de la ley de la republica 916 de 2004 y desafiando abiertamente la orden de LA CORTE CONSTITUCIONAL desconociendo lo que es PREVARICAR que según su definición es delinquir un funcionario público en este caso la Alcaldesa de Bogotá que sancionó la medida del Concejo, por faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo.

Así las cosas, las triquiñuelas, artimañas y argucias de la administración, dejarán una vez más a la Capital de la República sin el espectáculo taurino en la primera plaza de toros del país.