Varios grupos de ecologistas vienen presionando a través de la Comisión Europea y actualmente de forma directa a los gobiernos, estados y a los mismos parlamentarios para votar en contra de las ayudas a la PAC (Política Agraria Común) del toro de lidia, algo similar con lo que sucede con la caza.

Por: Leopoldo Portilla Mesa.

La Real Federación Española de Caza ha desenmascarado a un lobby ecologista de facto en la Comisión Europea recurriendo al Defensor del Pueblo Europeo, que ha dado un serio aviso a la Comisión Europea por extralimitarse de sus funciones y pedir a los estados miembros un «voto positivo» a su propuesta de modificación del Reglamento REACH que afecta al uso y tenencia de plomo en humedales, lo que afecta negativamente al sector de la caza.

Se da la circunstancia de que la Dirección General de Medio Ambiente denunciada ostenta también las competencias sobre el silvestrismo y la tórtola común, lo que demuestra las ideas anticaza de este organismo.

Particularmente en este caso, ha sido la propia Comisión quien ha pedido a cada Gobierno que se vote en contra de la caza. Pero aquí, ha actuado la Real Federación Española de Caza, que a través de FACE, trasladó esta problemática el pasado mes de mayo a distintos eurodiputados para denunciar esta «mala administración» de la Comisión, puesto que la modificación del REACH vulneraba derechos fundamentales, por lo que trasladaron a distintos eurodiputados que la CE estaba presionando a los estados para que emitieran su voto positivo, algo intolerable que vulnera los principios de imparcialidad y democráticos de la Comisión. Así, el eurodiputado checo Tomas Zdechovsky, presentó una denuncia por mala administración al Defensor del Pueblo Europeo.

Además, esta problemática también fue llevada al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, pero la Comisión negó cualquier conducta indebida. Sin embargo, tras una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, el resultado, que se acaba de publicar, es claro:

«El Defensor del Pueblo considera que la solicitud de la Comisión fue más allá de lo apropiado para promover su interés legítimo cuando pidió explícitamente a los miembros de la NADEG que contactaran a sus autoridades nacionales para abogar por un voto positivo sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión. De acuerdo con las normas que rigen a los grupos de expertos, la función de estos grupos es brindar asesoramiento y experiencia a la Comisión. Su papel no se extiende ostensiblemente a influir en una votación en un comité de comitología».

El Defensor del Pueblo señaló además que ese «grupo de expertos no es el foro apropiado para que la Comisión haga una solicitud como la que hizo a los miembros de NADEG «y agregó:» la solicitud de la Comisión a los miembros de NADEG no era apropiada en este caso».

El presidente de la RFEC, Ignacio Valle, considera muy peligrosa esta deriva ecologista de la CE: «El pasado mes de mayo ya denunciamos que la Comisión estaba extralimitando sus funciones al pedir a los Estados miembros su voto favorable a la modificación del REACH, cuando ya alertamos que esa modificación era ilegal. Las implicaciones no cambiarán la decisión sobre la publicación del reglamento, pero la decisión del defensor del pueblo es importante. Ayudará a garantizar que la CE sea más cuidadosa en el futuro y que el Parlamento debería aumentar su vigilancia sobre la comisión.»

El presidente de FACE, Torbjörn Larsson, lamenta: «La democracia de la UE ha fallado a millones de ciudadanos europeos. La Comisión actuó incumpliendo las normas procesales y la debida práctica en un expediente que afectará a millones de ciudadanos. Los diputados al Parlamento Europeo reaccionaron, pero deben ser mucho más firmes en el futuro cuando se presenten denuncias tan graves de mala administración. Europa ha recibido una respuesta clara a estas afirmaciones. Confío en que se aprenderán lecciones fundamentales y las consecuencias de este importante veredicto del Defensor del Pueblo».