Las protestas aparecieron en Colombia hace algo más de cien años, llamadas por quienes las convocaban como protestas civiles estas sí pacíficas. Ahora se erosionaron todos los conceptos de su esencia. Aunque las viejas costumbres gamonalescas de aquel entonces, algunas de ellas perduran.

Por: Leopoldo Portilla Mesa.

La escena actual es diferente, se mal interpretan los valores sociales y se cambiaron por una política sucia que solamente beneficia a quienes viven de ella. En el presente quienes ostentan cargos públicos, otros que hacen política y algunos más que dicen administrar justicia de forma imparcial y transparente, con sus decisiones y actuaciones pareciera que lo que desean es cogobernar y si no son obedecidos salen a relucir las amenazas para quitar del medio a los que van dirigidas.

Es el caso de los Tribunales de Justicia, que aceptan tutelas, impugnaciones y cuyas sentencias son tan determinantes que a quienes van dirigidas, aceptan o aceptan, so pena de ser enjuiciados, sacarlos del camino y enviados al ostracismo. El presidente de Colombia no se escapa, al igual que sus ministros de Despacho. Esta cogobernabilidad que pretenden imponer es seguida por otros sectores de la sociedad colombiana. Mensajes como los de las centrales obreras, de la Federación de Educadores, de las comunidades indígenas, de los estudiantes, todos articulados, son los grupos que conforman el núcleo de las protestas -según ellos pacíficas- aupados por los políticos de turno pertenecientes a partidos de oposición, cuya intención es desestabilizar al gobierno, con la ayuda de gobernantes y alcaldes territoriales que profesan la misma ideología y si no se les complace paralizan el país.

En ésta época de pandemia de Covid 19 las movilizaciones ya realizadas y las programadas para los próximos días, producirán resultados nefastos, como el aumento significativo de fallecimientos y de contagios, que nos harían regresar al confinamiento, todo por el favorecimiento de estos noveles inexpertos, que han accedido a las administraciones públicas, de las ciudades, pueblos y departamentos, con la idea de convertirlos en santuarios de los violentos-anarquistas y hacerlos intocables por parte de la débil justicia nacional, de las autoridades  policiales -satanizada por errores individuales- especializadas en el control de éste tipo de manifestaciones. Como también en defender la vida y bienes de la otra parte de ciudadanos que desean trabajar en procura del progreso y no se les puede avasallar porque merecen respeto por mandato Constitucional. 

La responsabilidad total ya sabemos, es de ellos, de los vendedores de humo atrincherados en esos partidos que prometen, pero no cumplen. Descalifican la mayoría de las iniciativas gubernamentales -todas no son malas- su trabajo es torpedear y poner la mano para cobrar. Algo para lo que no fueron elegidos. Miremos a nuestro entorno. Países que se encuentran enfrentando situaciones caóticas en todos los órdenes sin esperanza ninguna. La campaña presidencial ya se inició y los colombianos tendrán que abstenerse de seguir votando por esta clase de dirigentes que no han hecho otra cosa que ayudar a desangrar a ésta nación que se merece -por su pujanza- algo mejor.

Finalmente… No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. (Montesquieu).