Es una verdadera tristeza ver como un escenario de tradición y cultura como LA PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA, próxima a cumplir 91 años, sea maltratada por una medida arbitraria, caprichosa y dictatorial en la que miembros del cabildo distrital que se hacen llamar concejales, aprobaron pasando por encima de la ley 916 de 2004 y más de diez sentencias favorables y determinadas como exequibles de LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, un acuerdo que pretende limitar el desarrollo normal de la corrida de toros, obviando suertes esenciales en el ritual como los tercios de pica, banderillas y muerte. 

EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE, ente que maneja el coso capitalino, sacó a licitación el escenario taurino para la actividad del año 2022 pero bajo las condiciones impuestas en el ridículo acuerdo por los enajenados mentales del Concejo, creyendo que pueden estar por encima de las leyes de la Republica y los conceptos favorables emitidos por LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL. 

De no llegarse a encontrar proponente alguno, el detrimento patrimonial para la ciudad sería bastante alto, al no registrarse ningún tipo de actividad generadora no solo de recursos para el Distrito Capital sino también para las diferentes áreas laborales que trabajan alrededor de la actividad taurina; restaurantes, hoteles, agencias de viajes, etc, etc, etc. 

Las fuentes de empleo están ahí pero lamentablemente la señora alcaldesa y su séquito de áulicos, impiden bajo un absurdo acuerdo, la apertura y realización de las corridas de toros como se vienen realizando desde hace 90 años. 

¿Está el Distrito Especial de Bogotá y su administración en condiciones de asumir las pérdidas que dejen el cierre de LA PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA por negligencia, autoritarismo y estupidez?